Consumada la aprobación del proyecto PROMESA…y AHORA QUE?

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El senador Robert Menéndez propuso, sin éxito, enmiendas para permitir que el gobierno de Puerto Rico tuviera que aprobar la puesta en vigor de la junta e incluir dos miembros adicionales sugeridos por las autoridades de la Isla. (Bloomberg)

El Senado ratificó el proyecto que ofrece la posibilidad de reestructurar la deuda a cambio de una junta federal de control

  por José A. Delgado  –  jueves, 30 de junio de 2016

WASHINGTON – La rama legislativa estadounidense, a la que los tribunales federales le han dado plena deferencia al enfrentarse al caso político de Puerto Rico, acabó ayer de disipar las dudas en torno al poder colonial de Estados Unidos sobre la Isla.

Al terminar el Senado el trámite del proyecto que impone una junta federal de control fiscal con extraordinarios poderes sobre el gobierno electo de la Isla, el Congreso reclamó la autoridad que le habría dado a Puerto Rico hace seis décadas para tomar decisiones administrativas fundamentales a nivel local.

Como telón de fondo estuvo la petición que hiciera en diciembre y enero pasado el gobierno del presidente Barack Obama al Tribunal Supremo de EE.UU. para que se  reconociera al Congreso como la última fuente de poder sobre Puerto Rico, incluso sobre asuntos de bancarrota.

Tras la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso Sánchez Valle, el Senado cumplió con su parte del  capítulo final, el cual el presidente Obama anunció anoche que cerrará  en las próximas horas  cuando firme la legislación.

“A la arquitectura del ELA se la ha dado el golpe de muerte”, indicó el abogado constitucionalista Carlos Ramos González, después de las votaciones de ayer en el Senado que dan paso a la imposición de una junta federal de siete personas designadas por el presidente de EE.UU. que, por lo menos, hasta el próximo cuatrienio tomará las decisiones finales sobre planes fiscales y presupuestarios en la Isla.

La urgencia por aprobar la legislación salió del propio Departamento del Tesoro, que hasta el último momento –sumando el peso del presidente de EE.UU.-, advirtió a los senadores que el impago de mañana en las obligaciones generales avivaría las demandas, esta vez de parte de acreedores a los que la Constitución de Puerto Rico les da prioridad al momento de cumplir con los pagos.

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Las penurias que pasa el gobierno de Puerto Rico para mantener su nómina y pagarle a sus suplidores, mientras declara impagable una deuda de más de $68,000 millones, fundamentaron la decisión.

“No hay dinero para comprar gasolina para los autobuses que llevan a los niños a la escuela. Muchos de los servicios médicos han cesado”, indicó el número dos de la minoría demócrata Richard Durbin (Illinois), al consumir un turno a favor de la legislación.

La primera votación de la mañana fue la que generó gran expectación, pues se requerían 60 votos de 100 para cerrar o limitar el debate, como quería la mayoría republicana, que controla 54 escaños.

Pero, ese voto fijó claramente que el Senado se encargaría de escribir el epílogo de una legislación que basa la creación de la junta y de los procedimientos de bancarrota en la cláusula para territorios de la Constitución estadounidense, que subordina la Isla al Congreso.

Un total de 68 senadores –divididos casipor la mitad entre republicanos y demócratas-, votaron a favor de cerrar el debate, pese a las denuncias de algunos como el demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey), el independiente Bernie Sanders (Vermont) y la demócrata María Cantwell (Washington).

Con dos ausencias demócratas, ya  en horas de la noche, la votación final fue casi idéntica (68-30). El senador Menéndez dio un  “no” en alta voz.

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, observó la votación desde el hemiciclo.

Entre los votos notables en contra de la legislación estuvieron los de la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales, la republicana Lisa Murkowski, y Cantwell, que es la portavoz de la minoría en esa comisión, con jurisdicción primaria sobre Puerto Rico.

Ante una deuda de sobre $68,000 millones y el vencimiento mañana de $2,000 millones en servicio de la deuda pública de la Isla, incluidos por lo menos $800 millones en obligaciones generales garantizadas por la Constitución de Puerto Rico, esta “es la acción que podemos tomar”, dijo el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky).

“Tenemos limitaciones de tiempo”, dijo el número dos de la mayoría, John Cornyn (Texas), para justificar que no se permitiera un procedimiento regular de presentación de enmiendas.

La oposición

El senador Menéndez propuso, sin éxito, enmiendas para permitir que el gobierno de Puerto Rico tuviera que aprobar la puesta en vigor de la junta federal e incluir dos miembros adicionales sugeridos por las autoridades de la Isla.

Con la imposición de una junta que tomará las decisiones últimas sobre presupuestos y asuntos fiscales, con poder hasta para “vender tesoros naturales”, el gobierno de EE.UU. “priva a  los puertorriqueños del derecho de elegir” las personas que toman decisiones a nivel local, dijo Menéndez.

Cuando entre en vigor la junta, el  gobernador de Puerto Rico no podrá enviar el presupuesto y los planes fiscales a la Legislatura hasta ser revisado por sus siete miembros, designados por el presidente de EE.UU. Cuatro de los miembros serán propuestos por los líderes republicanos del Congreso. Uno solo tiene que ser residente o tener negocio primario en la Isla.

“Cuatro republicanos van a estar a cargo de la Isla. Estados Unidos no  debe convertirse en amo de un territorio. Así no debe tratarse un territorio en 2016”, indicó Sanders, quien consideró un castigo en contra de los puertorriqueños las disposiciones dirigidas a reducir beneficios laborales, como la posibilidad de que el gobernador reduzca a $4.25 el salario mínimo de los que tienen 25 años o menos, o la factura que le pasará la junta al gobierno de Puerto Rico por sus costos de operación, por lo menos $370 millones en cinco años.

Dos pesos pesados de los republicanos que coordinaron audiencias sobre la crisis fiscal y de deudapública de Puerto Rico expresaron dudas sobre la legislación.

Críticas republicanas

El presidente del Comité de Finanzas del Senado, Orrin Hatch (Utah), aunque votó a favor del proyecto, sostuvo que la legislación “deja mucho que desear”.

“Debido a la testarudez del Tesoro y la falta de transparencia del gobierno de Puerto Rico, es la única alternativa sobre la mesa”, indicó Hatch, al recordar que por meses reclamó a la administración de Alejandro García Padilla estados financieros auditados posteriores a 2013.

Hatch sostuvo que coincidía con la senadora Cantwell en que “este no es un debate que va a desaparecer”.

En ese sentido dio la bienvenida al apartado de la legislación que persigue crear un comité bipartidista y bicameral que antes de terminar el 2016 presente recomendaciones sobre posibles iniciativas de desarrollo económico para Puerto Rico.

Pero, como ha hecho antes, expresó que no deben ser iniciativas dirigidas a aumentar el gasto público.

Charles Grassley, presidente del Comité de lo Jurídico y quien por meses descartó ofrecerle a la Isla un mecanismo de bancarrota, consideró que la medida “quiere dar preferencia a la reestructuración de la deuda”. Grassley dijo que le preocupan las inversiones del ciudadano de a pie, incluso 17,000 en su estado de Iowa y los de Puerto Rico, que dijo tienen en sus portafolios el 20% de la deuda pública de la Isla.

Tan pronto la legislación sea firmada por el presidente Obama, se  decretará una moratoria en el cobro de deuda del gobierno de Puerto Rico, retroactiva a diciembre.

Ese freno en las demandas permitirá a miembros de la junta, desde su formación hasta por lo menos  mediados de febrero de 2017, negociar acuerdos de reestructuración entre el gobierno de Puerto Rico y sus acreedores o llevar procesos de reajuste en las obligaciones ante un juez de bancarrota.

“Este proyecto no es perfecto, pero es un paso adelante clave hacia la recuperación económica y restablecer la esperanza a millones de estadounidenses que tienen en Puerto Rico su hogar”, indicó el presidente Obama

Para el constitucionalista Ramos González, el status del país –como cuando se permitió formar gobierno a nivel local-, vuelve a estar supeditado “a los intereses de Estados Unidos”.

La receta de 2016 “es el colonialismo crudo”, dijo el profesor Ramos González.

En esta etapa, más allá de desmantelar el concepto de gobierno propio local, no hay un nuevo diseño.

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