Deuda, despidos y suspensiones, y un nuevo paro al gobierno

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Eduardo Lucita

Los crecientes desequilibrios de la economía y el acoso financiero de los fondos buitre tuvieron como respuesta sendos proyectos de ley, en tanto que despidos y suspensiones motorizaron el paro nacional de esta semana.

Todo indica que el deseo de la presidenta Cristina Fernández de “llegar tranquila al 2015” tendrá serias dificultades para concretarse. La presión imperialista canalizada por la justicia norteamericana y una coyuntura económica cada vez más compleja empujaron al gobierno a nuevos niveles de enfrentamiento, tanto a nivel internacional como local. En tanto las suspensiones, los despidos y la caída del poder adquisitivo de los ingresos fijos alimentan el descontento en las filas obreras y populares. Así el “fin de ciclo” ha sumado mayores complejidades.

El Congreso a debate

La respuesta del gobierno nacional al acoso financiero y a su impotencia para controlar el alza de los precios ha provocado un nuevo volantazo. Abandonando su política de acercamiento a los mercados y vuelta al endeudamiento, se ha pasado a una política de “vivir con lo nuestro”. Al menos en lo que hace al financiamiento, según el discurso de CFK en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires donde afirmó: “Estamos ante una oportunidad histórica de generar un mercado de capitales propio en Argentina”.

En los hechos el gobierno ha desacatado el fallo del juez Thomas Griesa. Bajo la consigna “Queremos pagar y no nos dejan”, envió al parlamento un proyecto de ley de “pago soberano local de la deuda externa” que contempla el cambio voluntario de jurisdicción (de Nueva York a Buenos Aires) y del agente de pago (del Banco de Nueva York al Nación). La posibilidad de un nuevo canje de bonos y la reapertura del canje para los que no ingresaron a los anteriores, completan el envío.

En simultáneo elevó también un proyecto para reformar la Ley de Abastecimiento. En rigor, son tres iniciativas que crean: a) el Fuero Judicial para usuarios y consumidores; b) un Observatorio de Precios; y c) modificaciones a la ley. Este proyecto ha unificado, tal vez como nunca antes, a las centrales fabriles y empresariales que han sido respaldadas por todos los bloques de la oposición derechista.

El proyecto elimina las penas de cárcel y las reemplaza por multas, que tienen un límite, aunque en caso de ser multados los infractores deben primero abonarlas y luego recurrir a la Justicia. También le otorga poder a la Secretaría de Comercio para fijar márgenes de rentabilidad, niveles de precios y volúmenes de producción.

Salvo algunas modificaciones menores, el texto no es algo muy diferente a la actual ley vigente desde 1974, ni de la que se sancionara en 1964. Valga recordar que nunca fueron aplicadas con rigor estas leyes.

Convocatorias

Es en este marco, que combina deterioro de las principales variables económicas con enfrentamientos con los grupos de poder locales y roces crecientes con el imperialismo, que llamaron al paro de esta semana las centrales sindicales opositoras, apoyadas por la izquierda sindical y política.

Como otras veces, está convocatoria es resultado de acuerdos de cúpula sin consulta a las bases. Esta práctica burocrática no le quita legitimidad a la medida pero sí limita sus alcances. Más cuando en los gremios enrolados en las centrales oficialistas el descontento se hace sentir -en el caso del sector de la Alimentación todo indicaba que las seccionales de Capital y Córdoba se plegaban a la medida-.

Los tironeos en cuanto a la participación de la UTA hablan de la importancia que ha adquirido en este tiempo el transporte urbano de pasajeros para garantizar un paro general. Más cuando los grandes gremios industriales, también Comercio, Uocra, Sanidad y Ctera, entre otros, no adhieren. Por su parte, la UTA no se plegó, lo que dio mayor relevancia y visibilidad a los piquetes y cortes anunciados por la CTA y las organizaciones de izquierda. Lo que entre otras cosas dará cobertura a los trabajadores precarizados.

Las consignas que se levantan son inobjetables, aunque es necesario señalar que los pliegos reivindicativos de las dos centrales si bien tienen puntos en común, no expresan lo mismo. La CTA pone el énfasis en los despidos y suspensiones. No en vano marchará sobre el Congreso para presionar por un proyecto de ley que los prohíba por un año, y en la ocupación de toda fábrica que cierre. Mientras que el eje de la CGT estuvo centrado en el impuesto a las ganancias y en los fondos de las obras sociales. La diferencia no es menor porque implica una valoración cualitativamente diferente de la situación.

Disputa de consignas

No deja de ser llamativo que las convocatorias no incluyeron alguna expresión de rechazo a la presión imperialista de los fondos buitre y a las amenazas del juez Griesa, aunque justo es reconocer que la CTA reclama la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda. Tampoco hacen referencia a la Organización Mundial de Comercio que denuncia a la Argentina por proteccionismo de su mercado interno.

Llama la atención porque en un país capitalista dependiente como el nuestro la lucha antiimperialista forma parte del acervo histórico del movimiento de los trabajadores, claro está que esto no implica la subordinación de las reivindicaciones de clase a esta lucha.

Tal vez convenga también recordar que todo paro nacional implica un enfrentamiento con el Estado y el gobierno de turno, y así lo es ahora. Pero esto no debe impedir que la convocatoria contenga la denuncia a las patronales, especialmente de los formadores de precios, siendo que los grandes conflictos en curso -PATY, Lear, Donnelly, Emfer-Tatsa, Weatherford, entre otros-, se desenvuelven en el sector privado en el que no pocas empresas están haciendo un uso capitalista de la crisis. Buscan imponer los turnos de trabajo americanos, a lo que se resisten las comisiones internas y los cuerpos de delegados. Un posicionamiento en este sentido también está ausente en las convocatorias de las centrales.

Las luchas de clase no deben subordinarse a ningún poder constituido, pero la independencia de clase exige también delimitar los campos, para no terminar siendo funcionales a los intereses derechistas. Esto no implica tener una actitud pasiva, pero sí saber que los trabajadores, los sectores populares no son indiferentes a como se resuelvan las contradicciones de la coyuntura.

Se trata de disputar la calle, las consignas y las propuestas no solo con el gobierno sino también con la oposición derechista y los sectores que hoy operan como correas de transmisión del gran capital.

Después del paro

Pensando en el día después es necesario ampliar los ejes de la convocatoria. Por ejemplo el rechazo a las presiones imperialistas de la justicia norteamericana y los fondos buitre se debe completar con la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda. La prohibición de despidos y suspensiones debe ir acompañado por la exigencia de la reducción de la jornada y el reparto del trabajo existente, así como la estatización con gestión obrera de toda empresa que cierre. Las defensa del poder adquisitivo con la reducción del IVA a artículos de primera necesidad y la actualización periódica de salarios e ingresos populares según la evolución de los precios.

La anulación del impuesto al salario debe ir acompañada de una propuesta de nueva política tributaria. Frente a las maniobras de los empresarios debe exigirse la aplicación efectiva de la Ley de Abastecimiento -control de costos, tasas de ganancia y volúmenes de producción de los formadores de precios-. Para financiar déficit fiscal aplicar un impuesto extraordinario a quienes fugaron miles de millones de dólares.

En síntesis se trata de superar el estado corporativo de las demandas para elevarlas al plano de la política nacional.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.

(LA ARENA)

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