Junta reclama que se consulte legislación y reduzcan contratos

José Carrión III, presidente de la Junta de Control Fiscal. (Juan R. Costa / NotiCel)

por Oscar J. Serrano

En dos cartas emitidas el martes, la Junta de Control Fiscal (JCF) le recordó a la Administración Rosselló que tienen el poder de revisar la legislación aprobada y le dijo a la Legislatura que ese cuerpo no está exento del requisito de reducir la contratación lo más posible, lo más rápido posible.

Con estas comunicaciones, el ente rector de las finanzas públicas creado por la ley federal PROMESA atiende dos asuntos que han llamado la atención en el primer mes de la Administración Rosselló: la rapidez con la que se ha pasado legislación significativa y la actitud desafiante que ha mostrado la Legislatura controlada por el penepé en cuanto a sus gastos y el poder de fiscalización de la Junta.

Las expresiones se hicieron en una carta a Elías Sánchez, representante designado del gobernador Ricardo Rosselló en la Junta, y del economista Gustavo Vélez, quien había solicitado mediante carta la atención de la Junta a los gastos de contratos en la Legislatura, los cuales han sido objeto de denuncia en NotiCel. Ambas tienen fecha del jueves pasado, pero fueron publicadas ayer.

En el caso de Sánchez, la Junta le recuerda PROMESA les da por lo menos tres formas de intervenir con las acciones gubernamentales antes de que se certifique un Plan Fiscal:

a) mediante la sección 204(a)(1)-(2), que requiere que el Gobernador les someta las leyes nuevas dentro de los siete días de su aprobación, con un estimado del impacto de la ley sobre los ingresos y gastos del gobierno

b) la sección 207 que requiere autorización previsa de la Junta para emitir cualquier tipo de deuda

c) la sección 303 sobre ajuste de deudas

“En cualquier evento, la Junta de Supervisión espera y desea que el Gobernador interactúe con nosotros en una relación de trabajo productiva mediante discutir y analizar las implicaciones de nueva legislación con la Junta de antemano. Las acciones de cumplimiento que hay en PROMESA deben ser el último recurso y esperemos que sean innecesarias. Por favor avise prontamente a la Junta de Supervisión si el Gobernador difiere”, cierra la carta a Sánchez.

En el caso de Vélez, le subrayan que el Plan Fiscal va a incluir a la Asamblea Legislativa y que PROMESA les da el poder de adoptar políticas para revisar las contrataciones gubernamentales y cerciorarse si son consistentes con el Plan Fiscal.

“Dado que bajo las condiciones actuales las reducciones bien significativas en el gasto público son inevitables, creemos que todas las entidades gubernamentales necesitan hacer lo máximo para reducir gastos, incluyendo aquellos relacionados a contratos de servicios profesionales, lo más pronto posible y lo más posible”, concluyeron en la carta a Vélez.

La JCF es financiada por el Gobierno de Puerto Rico y también enfrenta un reclamo público para que divulgue su presupuesto, sus contratos y otros datos sobre sus operaciones y miembros.

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