Naciones Unidas sobre Puerto Rico: La preocupación por derechos humanos a falta respuesta adecuada a emergencia

 

Naciones Unidas sobre Puerto Rico: La preocupación por derechos humanos a falta respuesta adecuada a emergencia

GINEBRA (30 de octubre de 2017) Después de más de un mes, Puerto Rico continúa sin recibir una respuesta adecuada a la devastación causada por el Huracán María, ha advertido un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU.*

“El Huracán ha agravado la delicada situación que ya existía en la isla, causada por una creciente deuda y por medidas de austeridad” señalaron las y los expertos, subrayando que la situación seguía siendo “alarmante” para los 3.5 millones de residentes de la isla en territorio estadounidense.

“Miles de personas has sido desplazadas y se encuentran sin soluciones a la vista. Más del 80 por ciento de la población, o cerca de 2.8 millones de personas, continúan sin electricidad. Pocos hospitales se encuentran funcionando. Se alega que el agua disponible –para aquellos que la tienen- puede estar contaminada”.

“Con el invierno que se aproxima, solicitamos una respuesta rápida y bien financiada a la emergencia, con prioridad a las personas más vulnerables y en riesgo: niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle y mujeres”.

El Experto independiente sobre deuda y derechos humanos de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, añadió: “Incluso antes del impacto del Huracán María, la situación de derechos humanos estaba siendo gravemente afectada por la crisis financiera y económica y las consiguientes medidas de austeridad, con impactos negativos en los derechos a la salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social”.

Los expertos resaltaron que casi la mitad de la población de Puerto Rico ya estaba viviendo por debajo de la línea de pobreza antes del Huracán María.

La Relatora Especial sobre el derecho a la vivienda, Leilani Farha, indicó que “No podemos dejar de notar la urgencia y prioridad diferente que se ha dado a los servicios de emergencia para Puerto Rico, en comparación con la respuesta en estados de los Estados Unidos que han sufrido el impacto de huracanes en los meses recientes”.

“Después de un desastre natural, con más de 90 mil viviendas completamente destruidas, las personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Todos los niveles del gobierno están obligados a actuar para protegerlas, y para asegurar que sus vidas pueden volver a una cierta normalidad rápidamente. Las personas necesitan vivienda segura y adecuada – en el corto y largo plazo- con electricidad, agua potable y saneamiento”, subrayó la Relatora.

La Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, agregó: “El Huracán María arrasó la mayor parte de los sembrados. Bananas y café (productos principales de exportación) fueron los más afectados. La población se enfrenta a escasez de alimentos y también a consecuencias a largo plazo debido a la destrucción de toda la infraestructura agrícola”.

Las y los expertos subrayaron que la reconstrucción debe asegurar estándares adecuados para enfrentar futuros desastres.

“Exigimos a las autoridades en los Estados Unidos y en Puerto Rico suprimir las barreras regulatorias y financieras que existen para la reconstrucción y recuperación”, dijeron. “Todos los esfuerzos que se lleven a cabo deben basarse en los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando que las personas puedan reconstruir sus vidas en los lugares y con las comunidades con quienes solían vivir. La reconstrucción debe tener por objetivo mejorar la capacidad de la infraestructura, vivienda y hospitales de Puerto Rico para enfrentar futuros desastres naturales”.

También señalaron la necesidad de aliviar la deuda de la isla, que presentó su demanda de bancarrota en Mayo de 2017 a través de PROMESA (Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico; siglas en inglés). Una corte federal en San Juan inició audiencias sobre el proceso más importante de restructuración de deuda pública en la historia de los Estados Unidos.

Varios expertos de la ONU habían expresado su preocupación en septiembre de 2016 sobre el nivel de deuda pública y su impacto negativo en los derechos económicos y sociales, pero no han recibido una respuesta substantiva a sus preguntas y preocupaciones ya sea de Washington, San Juan o del Consejo de Control y Gestión Financiera.

FIN

*Expertos: Leilani Farha, Relatora Especial sobre derecho a una vivienda adecuada; Juan Pablo Bohoslavsky, Experto Independiente sobre los efectos de la deuda externa y derechos humanos; Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; Dainius Pûras, Relator Especial sobre el derecho a la salud. Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Léo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cecilia Jimenez-Damary Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Obiora C. Okafor, Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Dubravka Šimonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; Baskut Tuncak, Relator Especial sobre derechos humanos y sustancias y desechos tóxicos. Saad Alfarargi, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo.

Los Relatores Especiales y Expertos Independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Más información en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

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Puerto Rico: Human rights concerns mount in absence of adequate emergency response

GENEVA (30 October 2017) – Puerto Rico remains without an effective emergency response more than a month after Hurricane Maria devastated the island, a group of UN human rights experts* has warned.

“The hurricane has aggravated the island’s existing dire situation caused by debt and austerity measures,” the experts noted, saying the situation remained “alarming” for the island’s 3.5 million residents in US territory.

“Thousands of people are displaced, with homes destroyed, and without any relief in sight. More than 80 per cent of the population, or close to 2.8 million people, continue to live without electricity. Few hospitals are functioning. There are allegations that the water available – for those who have access to it – may be contaminated.”

“With winter approaching, we call for a speedy and well-resourced emergency response that prioritizes the most vulnerable and at risk – children, older people, people with disabilities, women and homeless people.”

The UN’s Independent Expert on foreign debt and human rights, Juan Pablo Bohoslavsky, added: “Even before Hurricane Maria struck, Puerto Rico’s human rights were already being massively undermined by the economic and financial crisis and austerity policies, affecting the rights to health, food, education, housing, water and social security.”

The experts pointed out that nearly half the population of Puerto Rico were already living below the poverty line before Hurricane Maria struck.

The Special Rapporteur on the right to housing, Leilani Farha, added: “We can’t fail to note the dissimilar urgency and priority given to the emergency response in Puerto Rico, compared to the US states affected by hurricanes in recent months.”

“After a natural disaster, with around 90 thousand homes totally destroyed, people are at their most vulnerable. It’s the obligation of all levels of government to act to protect them, and to ensure that lives can return to some normality quickly.  People need safe and adequate homes – temporary and long-term – with electricity, clean drinking water and sanitation facilities” she stressed.

The Special Rapporteur on the right to food, Hilal Elver, added: “Hurricane Maria wiped out most of the island’s crops. Banana and coffee – the Island’s most valuable exports – were the hardest hit. The population is facing immediate food shortages but also long-term consequences from the destruction of the entire agricultural infrastructure.”

The experts said rebuilding should be of a high enough standard to withstand future disasters.

“We call on the United States and Puerto Rican authorities to remove regulatory and financial barriers to reconstruction and recovery,” they said. “All reconstruction efforts should be guided by international human rights standards, ensuring that people can rebuild where they have lived and close to their communities. Reconstruction should aim to increase the resilience of Puerto Rico’s infrastructure, housing and hospitals against future natural disasters.”

They also stressed the need for debt relief for the island, which filed for bankruptcy in May 2017 under the Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA). A federal court in San Juan has begun hearings over the biggest public debt restructuring in US history.

Several UN experts had expressed concern in September 2016 at the crippling public debt level and its impact on economic and social rights, but have not received any substantial response from Washington, San Juan or the Financial Oversight and Management Board to their questions and concerns.

ENDS

*The UN experts: Leilani Farha, Special Rapporteur on adequate housing, Juan Pablo Bohoslavsky, Independent Expert on foreign debt and human rights; Hilal Elver, Special Rapporteur on food, Dainius Pūras, Special Rapporteur on health; Léo Heller, Special Rapporteur on water and sanitation. Catalina Devandas Aguilar, Special Rapporteur on rights of persons with disabilities, Cecilia Jimenez-Damary Special Rapporteur on internally displaced persons, Dubravka Šimonović, Special Rapporteur on violence against women, Obiora C. Okafor, Independent Expert on human rights and international solidarity; Baskut Tuncak, Special Rapporteur on human rights and hazardous substances and wastes; Saad Alfarargi, Special Rapporteur on Right to Development.

The Independent Experts are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

For inquiries and media requests, please contact Juana Sotomayor at +41 22 917 9445 or [email protected].
For media inquiries related to other UN independent experts:
Bryan Wilson – Media Unit (+ 41 22 917 9826 / [email protected]

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